Uno de los efectos de la declaración de sobreexplotación del Acuífero es la constitución obligatoria de la Comunidad General, conforme a la Ley de Aguas y Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

En cumplimiento de esta obligación legal, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, mediante Resolución de fecha 11 de julio de 1.996, declaró válidamente constituida la Comunidad General de Usuarios del Acuífero de la Mancha Occidental, U.H. 04.04, aprobando sus Ordenanzas y Reglamentos.

Su función básica es la conservación del Acuífero, en calidad y cantidad, así como ordenar y vigilar el uso coordinado de los distintos aprovechamientos y colaborar activamente en la ejecución del sistema de utilización conjunta de las aguas impuesto por el Organismo de Cuenca, sin que en ningún caso pueda invadir funciones o atribuciones propias de las Comunidades de Regantes que la integran. Su funcionamiento resulta bastante complejo, máxime si tenemos en cuenta que en su inmensa mayoría, los aprovechamientos del Acuífero 23 son de aguas temporalmente privadas, inscritos en el Registro e indefinidamente privadas, del Catálogo (D. Transitorias 3ª y 4ª del Texto Refundido de la Ley de Aguas).

Su existencia, además de obligatoria, es necesaria ya que posibilita una representación unitaria de los intereses de los usuarios ante la Administración y otros órganos. Consciente de ello, la última reforma de la Ley de Aguas (Art. 87 del T.R.L.A.) contempló la posibilidad de la celebración de convenios con el organismo de cuenca para colaborar en el control efectivo del régimen de explotación y respeto a los derechos sobre las aguas.

Las Comunidades de Regantes integradas en la Comunidad General son: Alcázar de San Juan, Argamasilla de Alba, Bolaños de Calatrava, Campo de Criptana, Daimiel, El Provencio, Herencia, Las Mesas, Las Pedroñeras, Manzanares, Membrilla, San Clemente, Socuéllamos, Tomelloso, Torralba de Calatrava, Villarrobledo, Villarrubia de los Ojos y Villarta de San Juan.

En el momento actual, la Comunidad General está llamada a desempeñar un importante papel en los profundos e inevitables cambios que se van producir en materia de aguas como consecuencia de la Directiva Marco de Aguas, cuyo proceso de implantación ya se ha iniciado, siendo fundamental su participación y presencia para hacer llegar a las Administraciones responsables en la materia la realidad y problemática de los usuarios.